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En su primer mes de gestión, tras su designación como presidente del Consejo de la Judicatura, Damián Larco, ha impulsado una serie de acciones concretas orientadas a fortalecer el sistema judicial y combatir la delincuencia organizada en el país. Entre el 18 de febrero y el 18 de marzo de 2026, el Pleno adoptó 17 resoluciones clave dirigidas a mejorar la capacidad institucional frente a estructuras delictivas complejas. En este marco, se precisaron las competencias de los jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado, permitiendo una actuación más técnica, ágil y efectiva en este tipo de causas.

Como parte de esta estrategia, se dispuso la implementación de un pool de jueces en Manabí, una medida que optimiza la gestión de procesos judiciales de alta complejidad, reduce riesgos de dilación y fortalece la respuesta del sistema frente a casos sensibles. El fortalecimiento institucional también se evidencia en el eje disciplinario. Durante este periodo, se resolvieron 96 expedientes, que derivaron en la destitución de 9 servidores judiciales, consolidando una política de cero tolerancia frente a irregularidades. Este control riguroso es clave para garantizar que los procesos vinculados al crimen organizado se desarrollen con independencia, transparencia y apego a la ley.

Entre las decisiones adoptadas, se destaca la destitución de los jueces C.L.Q.C. y G.C.L.T. por vínculos con el GDO “Comandos de la Frontera”, así como la del juez W.E.P.A. por manifiesta negligencia en el caso de alias “Topo”,. En paralelo, se avanzó en la operatividad de las dependencias judiciales especializadas en materia constitucional y en la construcción del reglamento para la selección de jueces en esta área, fortaleciendo la institucionalidad y elevando los estándares de calidad de los operadores de justicia.

Asimismo, el impulso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos ha permitido descongestionar el sistema judicial y enfocar recursos en causas prioritarias. En este periodo, los centros de mediación atendieron 4.555 casos, alcanzaron 2.614 acuerdos y generaron un ahorro aproximado de USD 1,1 millones para el Estado. Desde el inicio de esta administración, se ha priorizado la construcción de un sistema judicial más eficiente, íntegro y especializado, entendiendo que estas condiciones son esenciales para combatir de manera efectiva la delincuencia organizada.

El Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, participó en el “Workshop – Reflexión Andina sobre la Justicia de Paz”, desarrollado de manera virtual y convocado por la Personería de Bogotá D.C. El encuentro reunió a representantes de Ecuador, Perú y Colombia, además de delegados de la academia y de organismos internacionales, con el propósito de analizar los avances, desafíos y oportunidades de la justicia de paz en la región.

Durante la jornada, se expuso la experiencia ecuatoriana en esta materia, como un mecanismo cercano, gratuito y basado en la equidad, mediante el cual se pueden resolver conflictos comunitarios, vecinales y cotidianos, especialmente en sectores rurales y urbano-marginales.

El diálogo regional que se desarrolló en Bogotá estuvo orientado al intercambio de buenas prácticas y la identificación de desafíos comunes. La agenda contempló mesas temáticas sobre regulación, legitimidad social, fortalecimiento institucional, políticas públicas, sistemas de información y mecanismos de seguimiento. En el marco de sus intervenciones, la delegación ecuatoriana informó que, para finales de 2025, se consolidó una red de 400 jueces y juezas de paz en 250 parroquias. Gracias a esta estructura, se brindó atención a cerca de 2000 causas.

Esta participación internacional refleja el trabajo sostenido que se impulsa desde el CJ para fortalecer el Sistema Nacional de Justicia de Paz. Ya antes Ecuador ya formó parte del Segundo Encuentro de Intercambio de Buenas Prácticas de Jueces y Juezas de Paz, realizado en Lima en noviembre de 2024. Estos procesos han permitido visibilizar experiencias relevantes y fortalecer la articulación entre actores comunitarios e institucionales, lo que hoy proyecta al país como un referente regional en este ámbito. Con esta participación, el Consejo de la Judicatura ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la justicia de paz como una vía que amplía el acceso a la justicia, promueve la convivencia pacífica y aporta a la construcción de una cultura de paz en los territorios.

En el marco del Mes de la Mujer, el Consejo de la Judicatura desarrolló el evento “El primer contacto puede marcar la diferencia”, un espacio de reflexión orientado a fortalecer la atención que reciben las víctimas de violencia en el sistema judicial. La jornada destacó el papel fundamental de los equipos técnicos de las unidades judiciales que, a través de valoraciones sociales, médicas y psicológicas, contribuyen a generar condiciones de confianza, contención y orientación para las personas que acuden a denunciar la vulneración de sus derechos.

En el evento, participaron los vocales del Consejo de la Judicatura, Magaly Ruiz y Alfredo Cuadros, así como el defensor público general, Ricardo Morales. En su intervención, el vocal Cuadros destacó la importancia de la atención inicial dentro del proceso de acceso a la justicia. “Uno de los momentos más determinantes es la atención inicial que reciben las víctimas cuando deciden acudir a una institución pública para denunciar una situación que afecta a su integridad y sus derechos”, señaló.

Asimismo, resaltó que esta primera intervención permite activar el trabajo de equipos interdisciplinarios que aportan elementos clave para la toma de decisiones judiciales y ayudan a evitar procesos de revictimización. Por su parte, la vocal Magaly Ruiz subrayó que cada acción dentro del servicio judicial tiene un impacto directo en la protección de las víctimas. “Cada actuación en los servicios de primera acogida representa una oportunidad para brindar orientación, protección y confianza”, afirmó.

Durante el encuentro también se desarrolló una mesa redonda en la que especialistas analizaron la importancia de fortalecer la atención judicial con enfoque de género, así como la coordinación entre las distintas áreas que intervienen en estos procesos. Este tipo de espacios, permite al Consejo de la Judicatura consolidar una justicia accesible, especializada y centrada en la protección de los derechos de las personas, especialmente de quienes enfrentan situaciones de violencia.