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El presidente del Consejo de la Judicatura, Damián Larco, mantuvo una reunión de trabajo con la directiva de la Asociación de Mujeres Juezas del Ecuador (AMUJE), encuentro en el que también participaron los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros. La reunión se desarrolló en torno ejes específicos de trabajo orientados a fortalecer el rol de las mujeres en la Función Judicial, entre ellos: la organización del XXII Encuentro Iberoamericano de Altas Cortes; la recopilación de una memoria histórica que rescate el aporte de las mujeres en la administración de justicia; la implementación de capacitaciones dirigidas a juezas; y, la elaboración de un protocolo para combatir la discriminación y promover la paridad de género.

El presidente Larco destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con las juezas del país. “Estamos trabajando para recuperar la confianza en la justicia y en el Consejo de la Judicatura. Implementamos acciones para que juezas y jueces tengan las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones en beneficio de la ciudadanía”.

Por su parte, la vocal Magaly Ruiz subrayó la necesidad de contar con herramientas concretas para promover la igualdad dentro del sistema judicial, subrayó la necesidad de construir políticas con enfoque de género e invitó a la asociación a ser parte de ese proceso. En la misma línea, el vocal Alfredo Cuadros resaltó el valor del trabajo conjunto entre la institución y las juezas del país, “Es esperanzador contar con un equipo de juezas que quiere colaborar para fortalecer la Función Judicial y proyectar la mejor imagen al país”.

El Consejo de la Judicatura reafirma su compromiso de mantener una administración de puertas abiertas, basada en el diálogo permanente con juezas, jueces, servidores judiciales y usuarios del sistema de justicia. Escuchar a quienes forman parte de la Función Judicial permite construir nuevas propuestas, fortalecer las políticas institucionales y avanzar hacia una justicia más transparente, inclusiva y cercana a la ciudadanía.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó este 17 de marzo de 2026, dos resoluciones orientadas a mejorar la distribución de causas y optimizar el funcionamiento de dependencias judiciales en las provincias de Pichincha y Manabí, con el objetivo de fortalecer la eficiencia del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía. El CJ dispuso la unificación de los sistemas oral y escrito en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito. Con esta medida se elimina la distinción administrativa que existía entre tribunales que tramitaban procesos bajo el sistema oral y aquellos que lo hacían bajo el sistema escrito, permitiendo que todos los tribunales fijos conozcan nuevas causas.

Paralelamente, el CJ aprobó la implementación del sistema procesal denominado “Pool de jueces” en el Tribunal de Garantías Penales de Manta, en la provincia de Manabí. Este mecanismo permitirá que las nuevas causas ya no sean conocidas por tribunales fijos, como ocurría desde 2022, sino por tribunales conformados mediante sorteo entre los jueces que integran esta dependencia judicial.

Posteriormente, también se designará por sorteo al juez ponente que presidirá el tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 160.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. La decisión se sustenta en informes técnicos que recomendaron la implementación de este sistema para mejorar la organización del trabajo jurisdiccional y asegurar una distribución más equilibrada de los procesos.

La resolución aclara que las causas que actualmente se encuentran en trámite bajo el sistema de tribunal fijo continuarán bajo esa modalidad hasta su finalización, con el fin de evitar afectaciones al desarrollo de los procesos judiciales. Estas medidas forman parte de las acciones impulsadas por el Consejo de la Judicatura para modernizar los mecanismos de asignación de causas y mejorar la atención a los usuarios.

En la sesión ordinaria Nro. 033-2026, realizada este 19 de marzo, el Pleno aprobó reformas al reglamento que regula las compensaciones o indemnizaciones económicas por la desvinculación de servidores judiciales con nombramientos permanentes. La nueva normativa introduce un cambio de fondo: los servidores que enfrenten sumarios disciplinarios por faltas gravísimas —aquellas que podrían derivar en destitución— no recibirán compensación económica, aun cuando cumplan con los demás requisitos administrativos y legales.

El texto establece que únicamente en caso de que el servidor sea declarado inocente, su caso sea archivado o no concluya en destitución, podrá acceder al pago, pero en un plan de desvinculación posterior. Caso contrario, perderá definitivamente este beneficio.

Esta medida busca reforzar los mecanismos de control institucional y garantizar un uso más riguroso de los recursos públicos, evitando que se destinen a funcionarios cuya permanencia esté en entredicho por presuntas infracciones gravísimas.

Con esta reforma, el Consejo de la Judicatura redefine las condiciones de acceso a estas compensaciones, incorporando el historial disciplinario como un criterio determinante en la decisión sobre el pago de estos beneficios.