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Consejo de la Judicatura participa en mesas técnicas para fortalecer la transformación digital del Estado ecuatoriano.

La Casa de la Cultura Judicial fue el punto de encuentro para las mesas técnicas del proyecto “Liderando la Transformación de la Gobernanza Digital en Ecuador”, una iniciativa del Team Europe financiada por la Unión Europea, que busca fortalecer la transformación digital del Estado.

Durante estas jornadas, la Misión de Inicio de la UE en Ecuador, junto con el Consorcio Implementador —integrado por Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), eGov Academy y la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y Academia (CEDIA)— trabajó con delegados del Consejo de la Judicatura (CJ) y de instituciones del sector seguridad para avanzar en la consolidación de un ecosistema nacional de interoperabilidad..

El CJ participó a través de la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación, representada por María Dolores Avilés, y de las Direcciones Nacionales de Acceso a los Servicios de Justicia y Gestión Procesal, que, en la mesa técnica del Componente 2, expusieron propuestas orientadas a robustecer el intercambio seguro de información entre entidades como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y otras instituciones vinculadas a la seguridad pública.

Estas iniciativas apuntan a mejorar la eficiencia judicial, combatir el crimen organizado y garantizar la protección de derechos, especialmente de personas en condición de vulnerabilidad. Las mesas técnicas también abordaron el Componente 4, enfocado en el fortalecimiento de capacidades nacionales en ciberseguridad y protección de datos, otro eje prioritario del proyecto. Este trabajo conjunto entre Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP), Ministerio del Interior, SNAI, Consejo de la Judicatura, y los cooperantes, busca preparar al país para enfrentar amenazas como narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y corrupción, mediante sistemas más seguros y coordinados.

El Consorcio determinará los próximos pasos para la definición de la hoja de ruta que guiará la implementación técnica de ambos componentes. Con su aporte en estos espacios, el Consejo de la Judicatura reafirma su compromiso con la modernización tecnológica, la interoperabilidad y la construcción de una justicia más ágil, segura y eficaz para todos los ecuatorianos.

El primer contacto puede marcar la diferencia en el acceso a la justicia para víctimas de violencia

En el marco del Mes de la Mujer, el Consejo de la Judicatura desarrolló el evento “El primer contacto puede marcar la diferencia”, un espacio de reflexión orientado a fortalecer la atención que reciben las víctimas de violencia en el sistema judicial. La jornada destacó el papel fundamental de los equipos técnicos de las unidades judiciales que, a través de valoraciones sociales, médicas y psicológicas, contribuyen a generar condiciones de confianza, contención y orientación para las personas que acuden a denunciar la vulneración de sus derechos.

En el evento, participaron los vocales del Consejo de la Judicatura, Magaly Ruiz y Alfredo Cuadros, así como el defensor público general, Ricardo Morales. En su intervención, el vocal Cuadros destacó la importancia de la atención inicial dentro del proceso de acceso a la justicia. “Uno de los momentos más determinantes es la atención inicial que reciben las víctimas cuando deciden acudir a una institución pública para denunciar una situación que afecta a su integridad y sus derechos”, señaló.

Asimismo, resaltó que esta primera intervención permite activar el trabajo de equipos interdisciplinarios que aportan elementos clave para la toma de decisiones judiciales y ayudan a evitar procesos de revictimización. Por su parte, la vocal Magaly Ruiz subrayó que cada acción dentro del servicio judicial tiene un impacto directo en la protección de las víctimas. “Cada actuación en los servicios de primera acogida representa una oportunidad para brindar orientación, protección y confianza”, afirmó.

Durante el encuentro también se desarrolló una mesa redonda en la que especialistas analizaron la importancia de fortalecer la atención judicial con enfoque de género, así como la coordinación entre las distintas áreas que intervienen en estos procesos. Este tipo de espacios, permite al Consejo de la Judicatura consolidar una justicia accesible, especializada y centrada en la protección de los derechos de las personas, especialmente de quienes enfrentan situaciones de violencia.

En encuentro internacional, el Consejo de la Judicatura intercambia experiencias sobre Justicia de Paz.

El Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, participó en el “Workshop – Reflexión Andina sobre la Justicia de Paz”, desarrollado de manera virtual y convocado por la Personería de Bogotá D.C. El encuentro reunió a representantes de Ecuador, Perú y Colombia, además de delegados de la academia y de organismos internacionales, con el propósito de analizar los avances, desafíos y oportunidades de la justicia de paz en la región.

Durante la jornada, se expuso la experiencia ecuatoriana en esta materia, como un mecanismo cercano, gratuito y basado en la equidad, mediante el cual se pueden resolver conflictos comunitarios, vecinales y cotidianos, especialmente en sectores rurales y urbano-marginales.

El diálogo regional que se desarrolló en Bogotá estuvo orientado al intercambio de buenas prácticas y la identificación de desafíos comunes. La agenda contempló mesas temáticas sobre regulación, legitimidad social, fortalecimiento institucional, políticas públicas, sistemas de información y mecanismos de seguimiento. En el marco de sus intervenciones, la delegación ecuatoriana informó que, para finales de 2025, se consolidó una red de 400 jueces y juezas de paz en 250 parroquias. Gracias a esta estructura, se brindó atención a cerca de 2000 causas.

Esta participación internacional refleja el trabajo sostenido que se impulsa desde el CJ para fortalecer el Sistema Nacional de Justicia de Paz. Ya antes Ecuador ya formó parte del Segundo Encuentro de Intercambio de Buenas Prácticas de Jueces y Juezas de Paz, realizado en Lima en noviembre de 2024. Estos procesos han permitido visibilizar experiencias relevantes y fortalecer la articulación entre actores comunitarios e institucionales, lo que hoy proyecta al país como un referente regional en este ámbito. Con esta participación, el Consejo de la Judicatura ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la justicia de paz como una vía que amplía el acceso a la justicia, promueve la convivencia pacífica y aporta a la construcción de una cultura de paz en los territorios.

Consejo de la Judicatura refuerza la lucha contra la delincuencia organizada en su primer mes de gestión

En su primer mes de gestión, tras su designación como presidente del Consejo de la Judicatura, Damián Larco, ha impulsado una serie de acciones concretas orientadas a fortalecer el sistema judicial y combatir la delincuencia organizada en el país. Entre el 18 de febrero y el 18 de marzo de 2026, el Pleno adoptó 17 resoluciones clave dirigidas a mejorar la capacidad institucional frente a estructuras delictivas complejas. En este marco, se precisaron las competencias de los jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado, permitiendo una actuación más técnica, ágil y efectiva en este tipo de causas.

Como parte de esta estrategia, se dispuso la implementación de un pool de jueces en Manabí, una medida que optimiza la gestión de procesos judiciales de alta complejidad, reduce riesgos de dilación y fortalece la respuesta del sistema frente a casos sensibles. El fortalecimiento institucional también se evidencia en el eje disciplinario. Durante este periodo, se resolvieron 96 expedientes, que derivaron en la destitución de 9 servidores judiciales, consolidando una política de cero tolerancia frente a irregularidades. Este control riguroso es clave para garantizar que los procesos vinculados al crimen organizado se desarrollen con independencia, transparencia y apego a la ley.

Entre las decisiones adoptadas, se destaca la destitución de los jueces C.L.Q.C. y G.C.L.T. por vínculos con el GDO “Comandos de la Frontera”, así como la del juez W.E.P.A. por manifiesta negligencia en el caso de alias “Topo”,. En paralelo, se avanzó en la operatividad de las dependencias judiciales especializadas en materia constitucional y en la construcción del reglamento para la selección de jueces en esta área, fortaleciendo la institucionalidad y elevando los estándares de calidad de los operadores de justicia.

Asimismo, el impulso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos ha permitido descongestionar el sistema judicial y enfocar recursos en causas prioritarias. En este periodo, los centros de mediación atendieron 4.555 casos, alcanzaron 2.614 acuerdos y generaron un ahorro aproximado de USD 1,1 millones para el Estado. Desde el inicio de esta administración, se ha priorizado la construcción de un sistema judicial más eficiente, íntegro y especializado, entendiendo que estas condiciones son esenciales para combatir de manera efectiva la delincuencia organizada.

Servidores judiciales con faltas gravísimas no recibirán compensación económica tras su desvinculación

En la sesión ordinaria Nro. 033-2026, realizada este 19 de marzo, el Pleno aprobó reformas al reglamento que regula las compensaciones o indemnizaciones económicas por la desvinculación de servidores judiciales con nombramientos permanentes. La nueva normativa introduce un cambio de fondo: los servidores que enfrenten sumarios disciplinarios por faltas gravísimas —aquellas que podrían derivar en destitución— no recibirán compensación económica, aun cuando cumplan con los demás requisitos administrativos y legales.

El texto establece que únicamente en caso de que el servidor sea declarado inocente, su caso sea archivado o no concluya en destitución, podrá acceder al pago, pero en un plan de desvinculación posterior. Caso contrario, perderá definitivamente este beneficio.

Esta medida busca reforzar los mecanismos de control institucional y garantizar un uso más riguroso de los recursos públicos, evitando que se destinen a funcionarios cuya permanencia esté en entredicho por presuntas infracciones gravísimas.

Con esta reforma, el Consejo de la Judicatura redefine las condiciones de acceso a estas compensaciones, incorporando el historial disciplinario como un criterio determinante en la decisión sobre el pago de estos beneficios.

El Pleno aprueba medidas para agilizar causas y fortalecer la gestión judicial en Quito y Manta

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó este 17 de marzo de 2026, dos resoluciones orientadas a mejorar la distribución de causas y optimizar el funcionamiento de dependencias judiciales en las provincias de Pichincha y Manabí, con el objetivo de fortalecer la eficiencia del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía. El CJ dispuso la unificación de los sistemas oral y escrito en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito. Con esta medida se elimina la distinción administrativa que existía entre tribunales que tramitaban procesos bajo el sistema oral y aquellos que lo hacían bajo el sistema escrito, permitiendo que todos los tribunales fijos conozcan nuevas causas.

Paralelamente, el CJ aprobó la implementación del sistema procesal denominado “Pool de jueces” en el Tribunal de Garantías Penales de Manta, en la provincia de Manabí. Este mecanismo permitirá que las nuevas causas ya no sean conocidas por tribunales fijos, como ocurría desde 2022, sino por tribunales conformados mediante sorteo entre los jueces que integran esta dependencia judicial.

Posteriormente, también se designará por sorteo al juez ponente que presidirá el tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 160.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. La decisión se sustenta en informes técnicos que recomendaron la implementación de este sistema para mejorar la organización del trabajo jurisdiccional y asegurar una distribución más equilibrada de los procesos.

La resolución aclara que las causas que actualmente se encuentran en trámite bajo el sistema de tribunal fijo continuarán bajo esa modalidad hasta su finalización, con el fin de evitar afectaciones al desarrollo de los procesos judiciales. Estas medidas forman parte de las acciones impulsadas por el Consejo de la Judicatura para modernizar los mecanismos de asignación de causas y mejorar la atención a los usuarios.

Consejo de la Judicatura y AMUJE articulan acciones para fortalecer el rol de las mujeres en la Función Judicial

El presidente del Consejo de la Judicatura, Damián Larco, mantuvo una reunión de trabajo con la directiva de la Asociación de Mujeres Juezas del Ecuador (AMUJE), encuentro en el que también participaron los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros. La reunión se desarrolló en torno ejes específicos de trabajo orientados a fortalecer el rol de las mujeres en la Función Judicial, entre ellos: la organización del XXII Encuentro Iberoamericano de Altas Cortes; la recopilación de una memoria histórica que rescate el aporte de las mujeres en la administración de justicia; la implementación de capacitaciones dirigidas a juezas; y, la elaboración de un protocolo para combatir la discriminación y promover la paridad de género.

El presidente Larco destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con las juezas del país. “Estamos trabajando para recuperar la confianza en la justicia y en el Consejo de la Judicatura. Implementamos acciones para que juezas y jueces tengan las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones en beneficio de la ciudadanía”.

Por su parte, la vocal Magaly Ruiz subrayó la necesidad de contar con herramientas concretas para promover la igualdad dentro del sistema judicial, subrayó la necesidad de construir políticas con enfoque de género e invitó a la asociación a ser parte de ese proceso. En la misma línea, el vocal Alfredo Cuadros resaltó el valor del trabajo conjunto entre la institución y las juezas del país, “Es esperanzador contar con un equipo de juezas que quiere colaborar para fortalecer la Función Judicial y proyectar la mejor imagen al país”.

El Consejo de la Judicatura reafirma su compromiso de mantener una administración de puertas abiertas, basada en el diálogo permanente con juezas, jueces, servidores judiciales y usuarios del sistema de justicia. Escuchar a quienes forman parte de la Función Judicial permite construir nuevas propuestas, fortalecer las políticas institucionales y avanzar hacia una justicia más transparente, inclusiva y cercana a la ciudadanía.